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LOS INTOCABLES

La contaminación de los Ingenios Metalúrgicos de Potosí
al Pilcomayu persiste y aún no hay sanción.

 


La contaminación de desmontes y colas, erradican el cultivo en tierras de comunidades campesinas aledañas al río “Pilcomayu”

Pisku-Mayu, es el nombre original en el idioma quechua del rió Pilcomayu y cuyo significado es: “Río de los Pájaros”, nombre que nos hace imaginar la rivera de un gran río que abarca unos 290.000 Km. cuadrados llenos de vida, de pájaros y de plantas. Hoy lamentablemente debemos decir que en sus inicios solo encontramos muerte, desolación y desertificación.

El Pilcomayu nace en la cordillera de los Andes en el departamento de Potosí y recorre los departamentos de Chuquisaca y Tarija, para luego transitar por las Repúblicas del Paraguay y de la Argentina.

En la parte boliviana existe una población aproximada de 5340 agricultores que viven en  comunidades cercanas al río y que por el alto grado de contaminación producida por los ingenios mineros metalúrgicos son las que más sufren este flagelo.

Esta contaminación se inició a principios del año 1989 con una nueva forma de explotación minera,  que consiste en el aprovechamiento de los desmontes y colas que se acumularon en los más de 400 años de explotación minera en el Cerro Rico de Potosí, material que es procesado en la separación de metales en los Ingenios Mineros Metalúrgicos y que en estos procesos metalúrgicos, vierten sus relaves “aguas de deshecho contaminadas”, sobre los afluentes de la cuenca del Río “Pilcomayu”.

Creemos que la minería, actividad contaminante, debe compatibilizar sus sistemas de explotación con la actividad agropecuaria, para no perjudicar las labores del campo que alimentan a las ciudades, juzgamos que la complementariedad y respeto mutuo, deberían ser la característica principal del desarrollo sustentable de nuestro país.

Por lo dicho anteriormente La Época Ecológica se permite presentarle el siguiente reportaje sobre este tema:

ANTECEDENTES DE LA CONTAMINACIÒN MINERA

La actividad minera de los ingenios en Bolivia inició en el año 1985, año de la caída del precio del estaño y la instalación del primero de ellos. El trabajo de los ingenios está relacionado con procesos de flotación para la concentración de minerales (zinc/plata y plomo/plata) en lo que se utiliza cianuro de sodio entre otros elementos químicos.

Ingenio minero metalúrgico separación de metales

La contaminación del río con metales tóxicos como plata, arsénico, cadmio, mercurio, plomo y zinc, sobrepasa con creces los límites permisibles que estableció la (OMS) Organización Mundial de la Salud y toda la normativa ambiental boliviana. No cabe duda que “El río Pilcomayu esta contaminado química, biológica, y físicamente” por los ingenios mineros metalúrgicos que están ubicados en la ciudad de Potosí (en la actualidad están situados en las zonas altas) y que descargaban sus desechos en el río Rivera. Otra fuente de contaminación indudablemente recae en los pasivos ambientales de COMIBOL, es decir en el dique de colas deteriorado que permiten el arraste hacia el mismo río.  

Inspección a Ingenios Mineros Potosí, 29 de Junio 2004

De acuerdo a varios estudios esta contaminación disminuyó la fertilidad de los suelos y de esta manera arruinó la economía de muchas comunidades indígenas y campesinas asentadas en la rivera del rió Pilcomayu. "Los daños sufridos a los agricultores, ganaderos y pescadores afectados por esta contaminación se estiman en 62 millones de dólares por año."  Este cálculo se refiere a la reducción de la productividad de las actividades agropecuarias y pesqueras, pero no incluye los daños a la salud de la población y tampoco la pérdida de la biodiversidad.

JUICIO A LOS INGENIOS

Ahora bien, la atención a la gestión ambiental data del 29 de agosto del año 1996, cuando el dique de Porco de la Empresa COMSUR en Potosí, se rompió, y desde entonces la contaminación del Río Pilcomayu se convirtió para los medios nacionales e internacionales en el tema más recurrente al hablar de contaminación ambiental. Y fue también en ese año en que la Cámara Regional Agropecuaria Chuquisaca (CRACH) entabló la primera demanda o juicio ecológico a la entidad propietaria COMSUR, por no haber tomado las previsiones necesarias del caso.

Para combatir con este problema de la contaminación del río Pilcomayu se han hecho múltiples gestiones en todos los campos de legislación, administrativos y judiciales, acciones y trámites que se realizaron por muchos gestores de la sociedad civil y algunas instituciones públicas que a continuación nos permitimos detallar las más importantes:

Para empezar primero debemos comprender que un nuevo marco jurídico ambiental de Bolivia empieza a desarrollarse a partir del 27 de abril de 1993 con la promulgación de la Ley 1333 Ley del Medio Ambiente. Publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia el 15 de Junio 1992, siendo su objetivo fundamental el proteger y conservar el Medio Ambiente sin afectar el desarrollo que requiere el país, procurando mejorar la calidad de vida de la población.


Lodos de desecho después del proceso de la separación de los metales.


Desechos vertidos al río rivera con varios metales, desde plomo cadmio estaño y otros

Es así que esta Ley  en su artículo Nro.116 señala muy claramente que “Las actividades a desarrollarse que se encuentren comprendidas dentro del ámbito de la presente Ley, deberán ajustarse a los términos de la misma, a partir de su vigencia para las actividades establecidas antes de la vigencia de esta Ley se les otorgará plazo perentorio para su adecuación, mediante una disposición legal que clasificará estas actividades y se otorgará un plazo perentorio adecuado a las mismas. Este Plazo en ningún caso será superior a los cinco años”

En nuestro criterio, creemos que la Ley 1333 proporcionó el tiempo más que inexcusable para que las actividades en minería  pudieran adecuar sus sistemas de explotación, transformación y comercialización. Sin embargo ello no ocurrió.


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Brigada Parlamentaria de Chuquisaca 2003-2005

De igual manera, La Ley establecía en su artículo 117 que “La Secretaría Nacional del Medio Ambiente quedaba encargada de presentar en el plazo de 180 días su Estatuto Orgánico y la Reglamentación de la Presente Ley”.  Estos reglamentos fueron aprobados por Decreto Supremo Nro. 24176 en diciembre de 1995, es decir, que no solo sobrepasaron los 180 días del plazo fijado por la Ley, si no por el contrario, tuvieron que esperar tres años, estos son: Reglamentos Generales, de Gestión Ambiental, de Prevención y Control Ambiental, en Materia de Contaminación Atmosférica, en Materia de Contaminación Hídrica,  para Actividades con Substancias Peligrosas

Por último y para completar el marco jurídico ambiental  para el sector minero en julio de 1997, se promulgó el Reglamento Ambiental para actividades Mineras (RAAM), obteniendo de esta manera todos los instrumentos jurídicos antes de los cinco años como preveía la Ley para que toda actividad económica del sector minero puedan adecuar sus sistemas de explotación, industrialización y comercialización a este nuevo marco jurídico ambiental.

A pesar de todo ese retraso que existió en la confección de esta normativa legal, tardanza que ya por si sola deja una duda muy grande en el accionar del Poder Ejecutivo y Legislativo de ese entonces. Es así que a los Ingenios Mineros Metalúrgicos del país no les quedaba más que adecuar sus sistemas de explotación y transformación a la Ley por un lado; y por otro el Poder Ejecutivo estaba en la obligación de exigir a través de la Autoridad Competente Ambiental esta adecuación por medio de las licencias ambientales correspondientes.


(Secretaria Técnica BPCH )
Ingenios Mineros descargan sus aguas al sistema cloacal de AAPOS

Sin embargo, en un primer Decreto Supremo con Nro. 25419 de 11 de junio de 1999, se les otorga un plazo de presentación de Manifiestos Ambientales, luego con otro Decreto Supremo con Nro. 25877(Ver documento) de 24 de agosto de 2000, se les volvía ampliar el plazo, solo que esta vez lo hacia de forma indefinida; como reza en su artículo quinto que establecía los siguiente: “El plazo de adecuación de las operaciones en curso estará sujeto a la clasificación de actividades mineras aprobada por la Autoridad Ambiental competente como se determina en el articulo116 de la Ley No 1333 de 27 de abril de1992. Para los ingenios mineros de Potosí, el plazo se computará a partir del inicio de la descarga en la Presa de Colas San Antonio”.

Es interesante confirmar como este Decreto Supremo le otorgaba un plazo indefinido a estos ingenios mineros que operan en la ciudad de Potosí, al señalar que el plazo se computará a partir del inicio de la descarga en la Presa de Colas  San Antonio. Queda claro hoy día, que si no se realizaba esta presa estos ingenios estaban siempre libres de presentar sus Manifiestos Ambientales.

Ante esta situación en fecha 24 de mayo de 2004 el entonces Senador Morgan López Baspineiro interpone ante el Tribunal Constitucional un Recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad (Ver documento)demandando la inconstitucionalidad del art. 5 del Decreto Supremo (DS) 25877 de 24 de agosto de 2000, porque vulneraría los Art. 7 Inc. a) y d), 133, 136 y 228 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Vale la pena comentar la síntesis mas sobresaliente de este recurso que dice lo siguiente: “Señala que habiendo transcurrido más de 13 años desde la promulgación de la Ley del Medio Ambiente, ninguno de los propietarios de esos ingenios disponen de su declaratoria de adecuación ambiental, y al contrario, amparados en el DS 25877, de 24 de agosto de 2000, continúan con las operaciones mineras contaminando el medio ambiente de tres departamentos del sur del país”.

Motivo por el cual el gobierno del presidente Mesa no tuvo otra opción por la presión social y la significancia de lo que representaba la presentación de este recurso ante el Tribunal Constitucional, es así, que abroga esta norma arbitraria e inconstitucional con un nuevo Decreto Supremo tampoco muy constitucional que se diga con el de D. S. Nro. 27512 (Ver documento) de 24 de mayo de 2004, que conminaba a todos los ingenios de la ciudad de Potosí a descargar sus colas en un dique provisional denominado Laguna Pampa en el plazo de 30 días computables a partir de la publicación del Decreto Supremo y a cuya finalización del plazo comenzaron a correr los términos previstos en los reglamentos de la Ley 1333 para las actividades mineras con respecto a su adecuación.

También hay que reconocer que esta presión nace de un informe de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Desarrollo Económico e Infraestructura de la Honorable Cámara de Senadores, que mediante una Minuta de Comunicación le instruía y le conminaba al Gobierno Nacional  abrogar este Decreto Supremo Nro. 25877.

El propósito de esta nota periodística, es entrar en el fondo del problema, y no perdernos en los múltiples reclamos y acciones que la sociedad civil realizó sin ningún resultado; aún sabiendo que los servidores públicos en todos los gobiernos de turno no cumplieron con su deber y más por el contrario nunca se sancionó a ninguno de ellos por tener responsabilidad por la infracciones y faltas administrativas que cometieron.

Agotadas todas las argucias de estos ingenios para manejar a su antojo su situación legal, por fin la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca un 15 de abril de 2005, con la firma de un Senador y siete Diputados se presento ante la Fiscalía General de la Republica una denuncia de carácter penal, sobre la contaminación  del Río Pilcomayu por parte de los Ingenios Mineros Metalúrgicos de la ciudad de Potosí que vierten sus compuestos orgánicos, inorgánicos y metálicos nocivos para la salud humana, la fauna y la agricultura de tres departamentos del Sur de Bolivia y mas allá de las fronteras a los hermanos países del Paraguay y la Argentina, infringiendo de esta manera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado y las prescripciones establecidas en la Ley de Medio Ambiente 1333, el Código  de Minería, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal.

La Fiscalía General de la República deriva esta denuncia a la Fiscalía de Distrito de Sucre para que proceda a su investigación. Los Fiscales de Materia Hugo Centeno y Silvestre Alaca quienes fueron asignados al caso por el entonces Fiscal de Distrito Dr. Uribe.

Los indicados Fiscales de Materia, una vez realizadas las actividades procesales investigativas con las declaraciones de los denunciantes, denunciados y los documentos proporcionados por instituciones y autoridades del nivel nacional y departamental mediante requerimiento fiscal, así como las opiniones de peritos calificados, el 18 de octubre de 2005 (Caso FIS 0500479) presentan imputación formal (Ver documento), ante el SEÑOR JUEZ INSTRUCTOR No. 2 EN LO PENAL DE LA CAPITAL contra 25 representantes de ingenios mineros por la comisión de delitos contra la Salud Publica, Art. 105, 106, 107 y 112 de la Ley del Medio Ambiente, Art. 216 Inc.2 y 7) y 223 del Código Penal y de rechazo a favor de Rolando Nelson Careaga porque “no existen suficientes elementos de convicción” (no dice cuales) y de Orlando Silvio Careaga Alurralde y Clemente Canaviri Sunagua por su condición de Diputados Nacionales.

En fecha 20 de octubre de 2005, el Dr. Marcelo Barrios A. Juez Instructor en lo Penal No.2 de la Capital determina el registro en el control de la investigación y la notificación de los imputados.

Ante esta situación, los representantes de ingenios mineros interponen ante el Juez de Instrucción de Materia de Penal de Turno de Potosí el recurso de excepción sobre incompetencia por la vía inhibitoria (16 de noviembre de 2005) y posteriormente ante el Juez Primero de Instrucciones en lo Penal el recurso de reposición y admisión de excepción planteada (21 de noviembre de 2005). Esta última autoridad el 22 de noviembre de 2005, resuelve admitir el recurso de reposición planteada y rechazar la excepción de la incompetencia por la vía inhibitoria.

Dada la resolución de la Juez Primero de Institución en lo Penal de Potosí, los representantes de los ingenios mineros presentan apelación incidental del caso, habiendo la Sala Penal Segunda de la Corte Superior Distrito en fecha 6 de diciembre de 2005, emitido el Auto de Vista No. 095/2005 mediante el cual declara PROCEDENTE y revoca la resolución de 22 de noviembre de 2005. En consecuencia se instruye la remisión del testimonio al Juez Instructor Cautelar Segundo en lo Penal de la ciudad de Sucre, que el 19 de diciembre de 2005 acepta la inhibitoria y dispone la remisión de obrados del caso FIS 0500.479 No. De C-I-202/05 al Juzgado de Instrucción en lo Penal y Cautelar 1ro. en lo Penal de Potosí.

Por último señalar que el Juzgado de Instrucción en la Penal y cautelar 1ro. en lo Penal de Potosí, acepta la denuncia presentada por la Fiscalía y falla a favor de la misma, indudablemente los Intocables, los Ingenios Mineros Metalúrgicos de la ciudad de Potosí apelan ante la Corte Departamental de Potosí, y este alto Tribunal de Justicia dicta el auto de vista en contra de la determinación del Juez, arguyendo esta ridícula fundamentación de que no se agotado las vías administrativas, cuando todos los que tienen que ver con la gestión ambiental saben mas bien, que por la vía administrativa no se logró absolutamente nada y por el contrario no se sancionaron a los servidores públicos por sus infracciones administrativas que cometieron.

ENTREVISTA

Don Severo La Fuente, ex parlamentario de  la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca y presidente de la Comisión  de Desarrollo Sostenible (2003 al 2005).

¿Cómo inició este proceso?

El 15 de abril del año 2005, la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca de la cual yo era presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible y junto a algunos senadores y al Comité de Defensa del río Pilcomayu (CODERIP),

planteamos una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, contra los propietarios de los ingenios mineros de la ciudad de Potosí, que hasta hoy vierten sus desechos a las aguas internacionales del Pilcomayu.

Ex parlamentario La Fuente
Severo La Fuente
Ex parlamentario de Chuquisaca

La denuncia fue levantada por haberse presentado un caso de contingencia a causa de la ruptura del dique de Laguna Pampa I, el cual provocó un derrame de lodo contaminante de consideración en el río Pilcomayu que se extendió por unos 200 kilómetros.

La Fiscal adjunta del Ministerio Público de entonces, Edith Romero, indicó que el caso sería transferido al juez cautelar para proseguir con la investigación y después de algunas reuniones con los demandantes, el caso pasó a manos de la Fiscalía de Distrito, por tratarse de un tema en uno de los departamentos.

¿Cuántos ingenios fueron imputados?

En ese año fueron imputados 27 ingenios a excepción de tres, dos porque sus propietarios eran parlamentarios y el otro porque no tenía documentos o materia justificable para ser sujeto a demanda.

¿Cuál fue el papel de las autoridades nacionales frente a aquella situación?

Podría decirse que el Ministerio de Desarrollo Sostenible fue cómplice de los ingenios, ya que anuló con una resolución todo el proceso inicial para una auditoria ambiental , quizá por presión de los demandados este proceso no se pudo llevar a cabo.

¿Qué sectores de la sociedad participaron?

Tuvimos apoyo por parte de la prefectura de Chuquisaca, la prefectura de Potosí, Comité de Defensa del río Pilcomayu (CODERIP), de la Asociación Sucrense de Ecología (ASE), Comité Cívico, la Federación de Campesinos y otras organizaciones.

¿Existió algún tipo de seguimiento al caso?

Después de haber cumplido el periodo correspondiente a mi funciòn parlamentaria en consecuencia de mi condiciòn de presidente de la Comisiòn de Desarrollo Sostenible Brigada no lleguè a conocer una acciòn concreta de la Brigada Parlamentaria en su conjunto a excepciòn de los diputados Colque y Alurralde.

¿Cómo califica el resultado de este proceso?

Insatisfactorio ya que al final la Corte Superior de Potosí liberó a los ingenios de toda acusación, señalando que debió apelarse por vía administrativa y no por la penal, sin embargo creo yo que un delito es un delito en cualquier parte del mundo.

¿Cuál es su posición frente a la situación actual del río Pilcomayu?

Nuestra posición no fue contraria a la actividad minera, sino que exigíamos que se cumpliesen las normas ambientales señaladas en la ley. Y hoy veo que no existe ningún tipo de seguimiento; es necesario que el Estado, las instituciones sociales, organizaciones no gubernamentales asuman su rol. Preocupa que no se cumpla la normativa, ahora que esta en expansión la actividad minera, debemos retomar acciones para evitar consecuencias al medio ambiente en la rivera de los tres países. Que las instituciones rompan el silencio y promovamos nuevamente el tema. 

A MODO DE CONCLUSIÓN

Hemos podido describir en todos los antecedentes con la documentación correspondiente como los Ingenios Mineros Metalúrgicos de la ciudad de Potosí, lograron seguir contaminando a vista y paciencia del pueblo potosino, y de la sociedad civil boliviana.

El día de hoy nos confirma el Director Departamento Ambiental de la Prefectura de Potosí, Ing. Huber Huayta, que todas las empresas mineras ya cuentan con una licencia ambiental, y que estas a su vez contrataron a una nueva empresa de servicios ambientales, quien está realizando el manejo integral los dos diques de colas provisionales Laguna Pampa I y Laguna Pampa II, como también el Dique de Colas San Antonio. Claro esta, que es a costa de ellos mismos.

Ing. Huber Huayta
Director Dpto. Ambiental de la Prefectura de Potosí

Sin embargo, vale la pena recordar, que ese añorado proyecto de trasladar estos ingenios a un parque para Ingenios, lugar donde actualmente esta funcionando el dique de Colas San Antonio, con la seguridad de que el agua seria reciclada en sus procesos y que de esta manera no se vertería ni una sola gota de agua a la cuenca del rió Pilcomayu, quedo en la nada, perdiéndose de esta manera créditos que iban destinados a financiar no solo este proyecto si no también el tratamientos de aguas cloacales de la ciudad de Potosí por la Cooperación alemana.

No sabemos como el gobierno nacional otorgó estas licencias ambientales, en el entendido que los Ingenios no reúnen las condiciones exigidas por Ley 1333 y sus reglamentos; como tampoco cumplen con la norma ambiental los diques de colas ya señalados y estos por el contrario siguen contaminado y; sus aguas que se vierten están muy por encima de los límites permitidos por la Ley y sus reglamentos.

En una visita que recientemente hicimos a los ingenios mineros de la ciudad de Potosí, pudimos constatar que el estado de los diques de laguna Pampa I y II se encontraban en pésimas condiciones, deteriorados por la gran cantidad de desechos vertidos por los ingenios, que junto al fenómeno de la niña, estarían a punto de colapsar estas construcciones.


Panorámica de Laguna Pampa I y II


Canales de desague

En una conversación realizada con el Ingeniero responsable del manejo integral de los diques, se nos comunicó también que el Dique de Colas de San Antonio quedaría colmatado en un periodo no mayor de tres años y medio; y que para tal efecto los ingenios estarían buscando otro lugar donde trasladar sus desechos.


Dique de San Antonio

Por último, creemos que como la justicia potosina libero a estos ingenios de la imputación formal que realizó la Fiscalía General a solicitud de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, y que sin ninguna justificación la Fiscalía no apelo el auto de vista realizada por la Corte Departamento de Justicia de Potosí, quedando impunes estos representantes de los Intocables Ingenios Mineros Metalúrgicos de la Ciudad de Potosí; y por otro lado estamos seguros que ninguna autoridad de gobierno, y peor aun ahora que no existe el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, estamos seguros que no habrá ninguna gestión de control y exigencia de la ley. Por que además pareciera  que a este gobierno solo le importan los recursos que provienen de los hidrocarburos.

Lo que le resta a la sociedad civil es que por intermedio del Tribunal Latinoamericano de Aguas, llevar el caso a una audiencia el problema, demostrando como los ingenios siguen contaminando a la vista y paciencia de todos los gobiernos de turno, y como este tribunal que no tiene competencia y jurisdicción alguna, y solo ejerce presión en la sociedad civil internacional a través de sus fallos, pueda por fin ponerle un alto.

Para revertir este daño al estado Boliviano, pensamos que se de debería solicitar al Tribunal Internacional de Aguas con juicio previo y a partir de su fallo, pueda solicitar al Gobierno Nacional realice una auditoria ambiental a los intocables Ingenios Mineros Metalúrgicos de la Ciudad de Potosí como señalan las Leyes de nuestro país.

 


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